Política de infraestructuras y transportes: mayor racionalidad y más sector privado

En el ámbito del sector del transporte y de las infraestructuras, los efectos que puede tener una crisis económica de duración aún incierta son difíciles de predecir. Por un lado, el Gobierno como única medida estrella en este sector ha apostado por el impulso keynesiano de acelerar obras ya previstas en el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020), con la confianza de que la ecuación “Más Obras = Más Actividad Económica = Más Empleo” contribuya a paliar la situación del mercado de trabajo, con lo cual en los próximos años veremos más inauguraciones de nuevas autovías y, sobre todo, de más líneas ferroviarias de alta velocidad. La actividad económica y el empleo que generan las obras únicamente se sostienen a corto plazo, por lo que los impactos positivos de las infraestructuras que verdaderamente importan son las ganancias de productividad y los ahorros de costes que puedan lograrse a medio y largo plazo para los agentes económicos.

Por otro lado, si entramos en una fase larga de recesión/crisis, las demandas de transporte de viajeros y mercancías pueden sufrir una ralentización en sus tasas de crecimiento, o incluso una contracción en algunos casos. La combinación de ambos lados del mercado (más oferta de infraestructuras, y menos demanda de transporte) nos podría llevar durante bastantes años a tener unas estupendas autovías con escaso tráfico y unos carísimos trenes de alta velocidad sin viajeros, con las consecuencias que esto puede tener para el presupuesto público.